Reportaje

Redacción

Durante el gobierno de Felipe Calderón se decretó la Ley Federal de Archivos. Fue en enero del 2012 cuando se reguló el acceso, validación, clasificación y consulta de los documentos públicos e históricos. Fue justo con esta ley que se creó el concepto de archivo “histórico confidencial”, una especie de expediente que pese a su condición de “histórico” es además “protegido”. Un concepto que ahora parece siniestro, en tiempos de transparencia y democracia como los que, se supone, debe vivir México.

Esta categoría del 2012 resultó contradictoria si es que se habla de “archivos públicos”. Algunos expertos han denunciado que esta Ley ha permitido que datos de archivos, como los entregados por la administración de Vicente Fox sean "tachados", es decir, borrados, cuando se supone que son documenos oficiales. Sin embargo, en noviembre de 2016 se presentó una iniciativa de ley para modificar esta Ley de Archivos en donde, los senadores que la están discutiendo, han eliminado el término de “histórico confidencial”.

A pesar de esta propuesta, que sigue en discusión en el pleno del Senado, hay algunas aristas a la propuesta de ley que algunos investigadores, académicos, políticos e integrantes de organizaciones civiles han señalado como puntos que atentan a los derechos humanos, de expresión y transparencia de los ciudadanos mexicanos.

A propósito de este relevante tema que podría destruir la memoria reciente, la revista Desocupado pidió opiniones a investigadores y escritores en relación con esta propuesta de modificación y los temas que la ponen en peligro, es decir, la posibilidad de consulta de los archivos públicos de la nación.

¿Cuál es la importancia de los archivos?

Para el escritor y editor Leonardo Iván Martínez, nacido en la Ciudad de México, un archivo histórico es importante porque “conocer nuestro pasado no sólo es un derecho, constituye un acto de justicia. Así de importantes son los archivos históricos, porque cimbran nuestras conciencias y permiten señalar a los responsables de cualquier delito cometido en el pasado”.

Al preguntarte a la poeta y doctorante en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Matza Maranto, en relación con la utilidad de los archivos públicos en nuestro país, refirió que “la memoria es una de las partes fundamentales para el ser humano y la sociedad. Por medio de ella se construye nuestra historia. Los archivos son los testimonios de algo que ya pasó. Sin embargo, no existe nada establecido, todo se encuentra en constante cambio, por esto es necesario el libre acceso a este tipo de documentos que buscan en ellos una posible respuesta”.

Un poco de historia y puntos polémicos de la Ley

Sobre la iniciativa que se encuentra en la mesa de la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Senado, que pretende modificar los procedimientos actuales en materia de derecho a la información y consulta de documentos, Leonardo Iván Martínez planteó a Desocupado un contexto histórico sobre la trascendencia de esta Ley de Archivos:

“Esa buena voluntad inicial de los primeros años del sexenio foxista permitió la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes IFAI) y sobre todo, la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; los archivos policiales de los años sesenta y setenta (periodo histórico conocido como Guerra Sucia, marcados por las tétricas figuras de Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios) fueron entregados al Archivo General de la Nación para su irrestricta consulta pública.

“Esto daba esperanzas para que los torturadores de opositores políticos y múltiples casos de desapariciones forzadas de ayer y hoy fueran enjuiciados. Para el año 2012 se había escrito una importante cantidad de libros que trataban sobre esos temas y su materia prima esencial fue ese acervo documental que continúan bajo resguardo del AGN. En enero de 2012, durante el mandato de Felipe Calderón se decretó la Ley Federal de Archivos, una ley que regulaba el acceso, la validación, clasificación y consulta de estos documentos públicos de carácter histórico. En esta ley se incluyó, en medio de una serie de definiciones técnicas, el siniestro concepto de archivo ´histórico confidencial´, una categoría de archivos que, a pesar de ser históricos, deben ser ´protegidos´ por contener datos sensibles”, detalló Martínez.

Este escritor y editor cofundador del sello Tripulantes aclaró que la reciente propuesta de modificación a esta Ley Federal de Archivos, sólo elimina el concepto de “histórico confidencial”, para resolver la demanda de los académicos y organizaciones, pero que en esencia seguirá operando igual, permitiendo a los encargados de los archivos testar, es decir, “tachar”, datos de los documentos oficiales. Para Martínez sólo se busca, con esta nueva ley, ampliar el número de instituciones regidas bajo ésta, llegando a los niveles estatal y municipal.

Para Matza Maranto esta iniciativa que está en la Cámara tiene un punto preocupante: “Lo primero que se puede visibilizar son los posibles conflictos de interés que ésta puede ocasionar. La aprobación es una certera regresión a la apuesta del acceso a la información, reduciendo la consulta a posibles investigaciones que nos pudieran exponer un panorama más amplio y crítico. Gracias al esfuerzo por tener libre acceso de la información es que ahora podemos contar con diversos puntos de vista sobre un suceso histórico”.

¿Qué plantear ante este escenario?

Maranto, escritora nacida en el estado de Chiapas, apunta que es un tema delicado que debe discutirse no sólo en la academia sino en la opinión pública, porque “el acceso a los archivos son una prueba de las pocas aristas democráticas de nuestro sistema, el limitarlas es el camino directo a un sistema autoritario en donde se pone en juego el único eje que tiene el hombre con su realidad: la memoria”.

Leonardo Iván, a propósito de esta ley impulsada por congresistas de los partidos políticos PRD, PAN y PRI, abunda sobre las repercusiones que conllevará esta ley en caso de aprobarse pues, para él, ata de manos al ciudadano y a la academia para que no puedan verse ciertos archivos por más de dos o tres décadas. Además, aunque el debate está abierto actualmente, cree que los legisladores se dejarán guiar por las recomendaciones que ha indicado la Segob. Por ello se pregunta: “¿Será que volvemos a los tiempos en que desde el Palacio de Cobián se dictan las directrices que deben seguir los legisladores o será que la regresión no es tal y esa oscura época de nuestra historia nacional no ha terminado? Y qué si el AGN, en vez de estar sujeto a Segob dependiera del INAI, como ha propuesto su ex directora Aurora Gómez Galvarriato, una de las principales opositoras de esta iniciativa?”

Martínez propone que se siga discutiendo la iniciativa de Ley General de Archivos tomando en cuenta los “alarmantes” llamados que a propósito han hecho las comunidades de historiadores y las organizaciones pro transparencia. Si se aprueba, piensa Leonardo Iván, “significaría desaparecer a los testigos más fieles de nuestra historia, colocar en el paredón de fusilamiento o dar un levantón a nuestro patrimonio histórico documental”.

Preguntas y debates pendientes

El periodo de sesiones en el Senado de la República reinició la primera semana de febrero del 2017. Organizaciones como la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAIES A.C., han programado mesas de debate y foros públicos para tratar de resolver, entre otras, a estas preguntas: ¿Por qué la actual iniciativa confiere a la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interna nacional, un papel tan fundamental en las instancias de gobierno y de decisión en materia archivística, si se tiene enfrente una percepción internacional que ubica a México entre los países con mayores problemas en materia de violación a los derechos humanos que implican, al menos en nivel de presunción, actos u omisiones precisamente gubernamentales?¿Cómo aspirar a la transparencia, a la rendición de cuentas y a un efectivo combate a la corrupción sin un pleno acceso a los archivos cuando el ejercicio de este derecho debe pasar por el ambiguo filtro de la protección de datos personales?

Ahí algunas preguntas y temas para el debate tanto en el pleno del Senado como en los medios de comunicación y opinión pública.