Ley de Seguridad Interior
Organismos internacionales y ONGs han puesto sobre la mesa las graves violaciones a los Derechos Humanos que implica la recién aprobada Ley
Por Javier Moro Hernández*
Once años después de que el ex presiente Felipe Calderón decidiera iniciar la llamada Guerra contra el narco, y decidiera sacar el Ejército a las calles para enfrentar a los grupos delincuenciales del narcotráfico, el Congreso de la Unión aprobó el pasado viernes 15 de diciembre la llamada Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, ciudadanos y Organizaciones de la Sociedad Civil marcharon hacia la residencia oficial de Los Pinos para exigir al presidente Enrique Peña Nieto que vete la Ley, por considerar que promueve la militarización de la seguridad pública en el país, ya que varios de los artículos promueven la violación de Derechos Humanos en el país. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que está preparando una acción de inconstitucionalidad, pues considera que varios de los artículos son violatorios de los derechos emanados y protegidos por la Constitución mexicana.
Por su parte, en un hecho sin precedentes, seis mandatos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertaron sobre los riesgos que entraña esta Ley.
Sin embargo, los miembros de los partidos PRI, Partido Verde y del PAN, tanto en el Senado como en el Cámara de Diputados, decidieron desestimar las objeciones y las críticas realizadas y presentadas por más de 125 organizaciones de la sociedad civil (como el Colectivo #SeguridadSinguerra), de 25 Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de la República, de la CNDH, de la CIDH y de la misma ONU. Uno de los hechos más bochornosos fue cuando el senador del PAN, Javier Lozano, le escribió por twitter al actor Gael García Bernal "que se dedicara a hacer películas" y a “hablar de lo que supiera”.
Las organizaciones de Derechos Humanos del país han señalado que la Ley de Seguridad Interior es regresiva y peligrosaya que, entre otras razones, a los militares para realizar actividades de seguridad pública, que no le corresponde ya que el “uso legítimo de la fuerza” no se ajusta a los estándares internacionales, pues permite a las Fuerzas Armadas actuar sin subordinarse a las autoridades civiles, pone en riesgo el ejercicio de la libertad de protesta, inhibe la transparencia y el acceso a la información y usa el concepto de “Seguridad Interior” asociada a regímenes autoritarios.
Otra de las críticas que diversas organizaciones han manifestado es que al pretender militarizar la seguridad pública no se fortalecerán las policías municipales ni las estatales, con lo cual el problema de fondo de la seguridad pública (la corrupción endémica y la incapacidad de estas fuerzas de seguridad de hacerle frente al reto que presentan los diferentes grupos delincuenciales que actúan en el país) no se resolverá en el corto plazo.
Así que once años después de la salida del Ejército a las calles, después de cien mil asesinados en las calles del país, después de hechos como la Masacre de los Cinco Manantiales acontecida en Coahuila durante 2011 (ya con la presencia de los militares en la calle), la masacre de San Fernando en Tamaulipas, Tlatlaya en el Estado de México en 2014, después de más de 30 mil desaparecidos en el país, después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en donde el papel de los miembros del Ejército en Iguala no ha sido esclarecido, el marco normativo aceptado por el Congreso de la Unión le otorga más poder a las Fuerzas Armadas, lo cual representa un grave retroceso.
El miércoles 29 de noviembre el presidente Enrique Peña Nieto instó al Congreso de la República a que la Ley fuera aceptada, cuando declaró que: “Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública. Un marco que con absoluta claridad defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios. Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad. Confió en que el Congreso de la Unión atenderá, con la urgencia que hoy se requiere, esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana.”
El 30 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior con 248 votos a favor del PRI, del PVEM, PES, Nueva Alianza, más 14 legisladores del PAN y 2 del PRD, y 155 votos (del PRD, Morena y el PAN) más 48 abstenciones, todas de diputados del PAN.
El debate sobre la Ley de Seguridad Interior inició en septiembre de 2016, con la presentación de dos iniciativas en el Congreso, una por parte del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, mientras que la segunda fue presentada en la Cámara de Diputados por los miembros de la bancada del PRI: César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo.
Según el grupo de organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos que se aglutinó en el colectivo #Seguridadsinguerra (http://www.seguridadsinguerra.org/#block-3340), que agrupa a más de 140 organizaciones y ciudadanos, ambas iniciativas conferían facultades extraordinarias al Ejército y a la Marina para realizar labores de seguridad pública que han venido realizando desde que en 2006, el presidente Felipe Calderón decretó la llamada “guerra contra narcotráfico”, sin que existiera un marco legal que regulará la actuación de lestas fuerzas. Entre las medidas más polémicas presentes en esta iniciativa plantea que los militares realicen labores de investigación sustituyendo al Ministerio Público, lo que permite que el Ejército intervenga comunicaciones privadas sin una orden judicial, que las Fuerzas Armadas puedan utilizar la fuerza letal para contener protestas pacíficas o quedar exentos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cual sin duda es otorgar poderes extraordinarios a las Fuerzas Armadas, a pesar de que organismos como la ONU ha solicitado que se fortalezcan los controles hacia éstas (http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/10/20/onu-recomienda-a-mexico-mas-controles-de-militares-en-su-lucha-c_a_21588366/).
Académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y la misma CNDH advirtieron sobre los riesgos que estas iniciativas implican para los Derechos Humanos en el país: “La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea -señaló la Comisión en un comunicado- contribuiría a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional". (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_059.pdf)
El pasado 7 de noviembre la organización de Derechos Humanos WOLA presentó su informe sobre abusos de militares que aún permanecen impunes titulado “Justicia olvidada- La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”. (https://www.wola.org/es/analisis/informe-de-wola-justicia-olvidada-la-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-en-mexico/)
Todo esto no impidió que el 30 de noviembre el PRI y sus aliados aprobaran su iniciativa de ley, que en un primer momento se intentó discutir a puerta cerrada en la comisión de seguridad. Dos horas después de ser aprobada en dicha comisión, la propuesta de ley ya se estaba discutiendo de manera apresurada en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que muchos diputados conocieran el contenido de la iniciativa. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3441153_20161104_1478014676.pdf
Una de las principales críticas que se le han hecho a la Ley es su manera ambigua y amplia de entender la seguridad interior, ésta la entiende como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional…”
Las acciones de seguridad interior son “aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órganos de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas”. Dichas amenazas pueden ser aquellas que “afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional”.
Por último, el uso legítimo de la fuerza queda autorizado para “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza personas de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”. En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.
Al existir las condiciones de amenaza antes mencionadas, el presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación. En este consejo ocupa el puesto de Secretario Técnico, Tomas Zerón de Lucio, quien tuvo que salir de la PGR ante acusaciones de manipulación de pruebas del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El proyecto de Ley también establece que toda la información derivada de los operativos de las Fuerzas Armadas se mantendrán en secreto, al ser consideradas como información de seguridad nacional y exenta a las Fuerzas Armadas de controles administrativos.
Por otro lado, la organización R3D también señaló en comunicado de prensa que la Ley de Seguridad Interior, además de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública y “otorgarles atribuciones que solo deberían corresponder únicamente a las instituciones civiles, la redacción actual de la Ley de Seguridad Interior también proporciona facultades al Ejército y la Marina para “desarrollar actividades de inteligencia, incluyendo la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información a través de cualquier método lícito de recolección de información”, lo cual abre las puertas, dada la vaguedad y la amplitud con la que está redactada la Ley, para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas. (https://r3d.mx/2017/11/30/la-ley-de-seguridad-interior-abre-la-puerta-al-espionaje-militar/ )
Por último, la CNDH manifestó que esperará a que concluya el proceso de aprobación para analizar si su contenido final contraviene principios constitucionales. De ser el caso el organismo ejercerá su facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad. (http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cndh-analizara-constitucionalidad-de-la-ley-de-seguridad-interior.html)
El 15 de diciembre el pleno del Senado de la República aceptó con el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con una votación de 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, tras 15 horas de debate. La discusión sobre el dictamen en el pleno del Senado se realizó después de una semana de discusión en diferentes comisiones, en donde se le impidió la presencia a muchas de las Organizaciones de la Sociedad Civil opuestas a la Ley de Seguridad Interior.
http://www.animalpolitico.com/2017/12/ley-seguridad-interior-senado-aprobo/
*Javier Moro Hernández. Es poeta, periodista y promotor cultural. Autor del poemario Mareas (Abismos, 2013) y de las plaquettes Los Hipopótamos de Pablo Escobar (Deléatur Estudio, 2016) y Los salvajes de ciudad Aka (Deléatur Estudio-Dos10, 2012). Colaborador de La Jornada de Aguascalientes y de revistas digitales como Suplemento de Libros, Noiselab, entre otros.
Imágenes: http://bit.ly/2BFGTUt, http://bit.ly/2z3Nxke, http://bit.ly/2oUEtP9.
