Entrevista

La periodista relata sus investigaciones en torno a lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, en donde señala directamente a una mafia de la seguridad pública relacionada con el crimen organizado, entre los que destaca a Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la Presidencia

Por Javier Moro Hernández*

La Verdadera noche de Iguala es un retrato del horror que se vivió en la ciudad guerrerense entre el 26 al 27 de septiembre de 2014. El horror perpetrado en contra de un grupo de estudiantes normalistas que buscaban tomar camiones para trasladar a sus compañeros a la marcha del 2 de octubre. El saldo fue de 6 personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. El libro de la periodista Anabel Hernández nos deja ver que el operativo desplegado para desaparecer a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fue coordinado y controlado por las autoridades federales y no por un grupo de policías municipales mal entrenados y por sicarios al servicio del narco. Anabel Hernández desarrolló una investigación de campo que consigue reconstruir lo acontecido los días previos a la noche del 26 de septiembre además de acceder a los informes internos de la Visitaduría de la PGR (que pueden ser revisados y descargados en http://www.verdaderanochedeiguala.com/)

Para la periodista, autora de libros como Los señores del narco (por el cual tuvo que salir exiliada del país al recibir amenazas de muerte), La familia presidencial, Fin de fiesta en Los Pinos, Los cómplices del Presidente y México en llamas, y quien en el 2002 se hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo, la operación para detener el secuestro de autobuses por parte de los estudiantes fue el motivo que se encuentra detrás del crimen atroz de su desaparición. Las fuerzas de seguridad federales y estatales tendieron un cerco para evitar la salida de Iguala siguiendo las órdenes de un importante capo del narcotráfico, por lo que tanto militares, policías federales, estatales, municipales, así como sicarios actuaron en coordinación para castigar a los estudiantes, quienes no sabían que habían tomado un cargamento de droga. Tal como lo ha mencionado el GIEI, cuyas líneas de investigación han sido incumplidas por la PGR en su afán de apuntalar lo que ha llamado “la verdad histórica”, se busca hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que los normalistas habían sido asesinados por órdenes de un simple y pequeño alcalde de Iguala, por un pequeño grupo de policías sin armamento ni entrenamiento suficientes y por un pequeño grupo criminal que operaba en la zona. A propósito, Javier Moro charló con Anabel Hernández para revista Desocupado.

Javier Moro Hernández (JMH): Hay una búsqueda por tergiversar la historia de la noche de Iguala, por lo que me parece esencial empezar la entrevista preguntándote cómo fue el proceso de investigación que desarrollaste para La verdadera noche...

Anabel Hernández (AH): Es una investigación que corre en dos rutas, la primera es la actuación del Ministerio Público, de la Fiscalía de Guerrero y de la PGR, para entender, por ejemplo, el papel del C-4, saber cómo funcionaba, cuál es la coordinación de mando y quién tenía el mando en el C-4. Solicité información para saber y entender qué significaba la Normal de Ayotzinapa para el CISEN. ¿Qué son estos estudiantes para el gobierno? También para entender por qué no le importan estos estudiantes y por qué creyó que este crimen podía quedar impune. Ésta es la primera parte del proceso de investigación, una investigación documental que me permitiría revisar las declaraciones ministeriales de los policías municipales de Iguala y contrastarlas con las declaraciones de los normalistas, que desde el primer momento hablaban de la presencia de elementos del ejército y de la Policía Federal. En esta segunda parte de la investigación ahondo entonces en las declaraciones de los estudiantes que habían tomado videos y fotografías.

Por otro lado, en sus declaraciones ministeriales, los policías también afirmaban haber sido víctimas de torturas. Fui con peritos expertos que me dejaron ver que existía una clara mecánica de lesiones en cada cuerpo. Toda esta serie de documentos a los cuales tuve acceso me permiten ver la farsa de investigación que ha hecho la PGR para construir su mentira. Tengo acceso a documentos no censurados, lo que me permite hablar con las familias de los detenidos, dialogar e investigar a los propios detenidos, y ver que el gobierno está mintiendo sobre muchos de ellos, tanto policías como los supuestos miembros del Cartel de los Guerreros Unidos.

Puedo ver que muchos de los supuestos capos, lugartenientes, sicarios del cartel, viven en la extrema pobreza, algo que el gobierno lo sabe. Patricio Landa "el Pato", uno de los supuestos sicarios, está dentro del programa de Sedesol de apoyo a la extrema pobreza. Hago una investigación de campo que me permite ver un montón de detalles sobre la vida de los supuestos culpables materiales y esas versiones de vecinos, de habitantes de Iguala, me dan mucha luz sobre lo que realmente pasó esa noche en la ciudad, ya que ellos me dicen por ejemplo, que también hubo civiles disparando en contra de los estudiantes, civiles con “apariencia de militares”, como los describieron los vecinos de la calle Juan N. Álvarez. Otros vecinos me refirieron que en la ciudad se había desatado una persecución en contra de los normalistas y que en ella había participado una suburban oscura con una burbuja, una información que, después nos enteraríamos, fue cierta. Hubo militares vestidos de civil patrullando las calles de Iguala, tal como ellos mismos lo declararon ante la PGR.

JMH: Las declaraciones de los vecinos son esenciales porque parece que lo que pasó esa noche hubiera sucedido en descampado, pero la calle Juan N. Álvarez está a un par de cuadras del centro de Iguala.

AH: Las agresiones, las balaceras en contra de los estudiantes de la Normal se dan a una hora pico en el centro de la ciudad, de viernes por la noche. Voy a decirte algo muy grave y es que algunas de las declaraciones que me dieron estos vecinos, yo las publiqué en Proceso en el primer aniversario, en 2015. En esas entrevistas les preguntaba si les habían tomado declaración oficial las autoridades encargadas del caso. En ningún caso fue así, jamás se habían acercado a preguntarles nada. Después de que publico esos testimonios, a los tres días, la PGR empieza a acosar a esos vecinos que nunca aparecieron con nombre en el reportaje. La PGR manda citatorios a toda la cuadra con la amenaza de ir por ellos y arrestarlos en caso de que no se presenten a declarar. Por supuesto, esto amedrentó a los testigos, que se retractaron y quedaron aterrorizados.

JMH: Justo esa parte viene a colación a los señalamientos que haces en el libro sobre la tergiversación de la investigación que se hace desde el minuto cero. La Fiscalía de Guerrero, por ejemplo, no resguarda correctamente los autobuses ni la ropa encontrada, ni los restos de sangre, no se sabe que pasa con esas cosas. Después, cuando la PGR asume la investigación, todos estos elementos periciales no se vuelven a tomar en cuenta.

AH: De acuerdo a la auditoría interna que hizo la Visitaduría General de la PGR hoy no solo sabemos que esas pruebas periciales no se tomaron en cuenta. No sabemos ni siquiera en donde están los casquillos que incriminan al ejército, y probablemente a otras fuerzas de seguridad del Estado. No sabemos dónde están. El ejército inspeccionó la escena del crimen de manera ilegal y los camiones no fueron resguardados y hoy ni siquiera existen pruebas materiales de un crimen no resuelto que involucran a fuerzas del Estado. Nunca debieron haber sido entregadas a las compañías y ahora sabemos que nunca se les hicieron peritajes de rayos x para saber si tenían compartimientos ocultos para trasladar drogas o no. El Visitador está diciendo que esa investigación es una simulación, porque la PGR les pidió a las compañías que le prestaran los camiones 17 meses después para escanearlos, eso es una prueba alterada que no sirve jurídicamente para nada.

JMH: Iguala es la tercera ciudad más importante y poblada del estado de Guerrero, una ciudad de ciento ochenta mil habitantes. El ataque, que dura cuatro horas, sucede a unas cuadras del Palacio Municipal. La primera persecución de los autobuses se da desde la terminal, que está en el centro. La balacera se da en el centro. Sin embargo, si se revisa la investigación de la PGR pareciera que todo esto sucede en descampado, fuera de la ciudad, sin testigos.

AH: Es lo que el gobierno quiere hacernos creer, no olvidemos que las primeras declaraciones de la Secretaría de Gobernación, de la Sedena, de la PGR, hablan de un desconocimiento total de lo que pasó en Iguala. Dicen que se enteraron varias horas después de lo sucedido, se lavan las manos, pero las fichas del C-4 nos dicen una cosa completamente distinta. Nos dicen que no solo sabían en tiempo real del ataque, y que se estaba monitoreando a los estudiantes desde que salieron de la Normal. No pueden decir que no sabían y por supuesto esto nos lleva a preguntarnos qué está ocultando entonces el gobierno. Si participó, ¿por qué no se reconoce? Eso nos habla de que están ocultando algo muy grave.

JMH: La actuación del Batallón No. 27 resulta por demás oscura. Hay una petición de la Fiscalía de Guerrero para investigarlos así como sus instalaciones desde el primer momento.

AH: Eso es clave, investigar a los miembros del Batallón, sus instalaciones y su armamento, sus nombres. El ejército nunca le responde a la Fiscalía de Guerrero y después cuando la investigación es retomada por la PGR, contesta después, cuando el GIEI empieza a hacer presión. Se pide que los miembros del Batallón y de la Policía Federal declaren, y lo que conocemos es que el ejército se niega a que sus miembros declaren ante la PGR.

JMH: El Secretario de la Defensa Nacional ha afirmado que los elementos del Batallón 27 ya declararon ante la PGR. Lo hicieron sin la presencia de los abogados de los normalistas, sin la presencia del GIEI.

AH: Y además se contradijeron. Eso es algo que el general Cienfuegos no ha admitido y no ha dicho. Por ejemplo, el capitán Crespo ha declarado en tres ocasiones y cada declaración es distinta y se contradice con lo que ha dicho en la anterior. Pero la PGR no admite que el capitán Crespo ha mentido. Varios de los integrantes del pelotón que acompañó al capitán esa noche por Iguala han mentido y adecuado sus declaraciones. No sabemos cuál es la verdad en esas declaraciones. Hay una parte esencial en el libro que es muy triste, que es que el capitán Crespo y sus soldados vieron el cuerpo de Daniel Solís, tirado, herido, en la calle Juan N. Álvarez después del ataque artero, y lo golpean. Bajan de la camioneta a revisarlo y en vez de ayudarlo, lo patean. El capitán Crespo omite declarar eso. Ellos han dicho que vieron los cuerpos tirados y no se detuvieron a ver qué pasaba y se siguieron. Yo tengo un testigo que vio los vehículos de los militares. Vio a los soldados bajarse, apuntar a los cuerpos, patearlos e irse, lo cual es una clara muestra de las verdaderas intenciones del ejército para salir a las calles. El ejército no salió a ayudar. El capitán Crespo omite esa parte en su declaración, pero hay dos soldados de ese grupo que han dicho que sí se detuvieron y sí se bajaron, lo cual es una contradicción clara. Estamos diciendo que la actuación del ejército fue absolutamente criminal esa noche.

JMH: Esta actuación se vincula con lo que también mencionas del CISEN que considera a Ayotzinapa como un problema de seguridad nacional.

AH: Para el gobierno mexicano así es. Según los documentos que yo tengo del CISEN, no se detallan las razones de por qué llegaron a esa conclusión, pero me explican que en las reuniones del gabinete de seguridad nacional sus miembros afirman cómo y por qué habían llegado a ello. Yo no soy capaz de entender por qué estos jóvenes, estudiantes e hijos de campesinos, son considerados un problema de seguridad nacional.

JMH: ¿A partir de esta idea podríamos visualizar la actuación del ejército y de las corporaciones policiacas esa noche? ¿Los estudiantes son el enemigo y no los sicarios de Guerreros Unidos?

AH: Me parece que el ejército estaba tan consciente de eso, que pensó que lo que hizo no tendría consecuencia. Pensó obedecer la orden del “Patrón”, que no sabemos quién es exactamente, pero que parece que es un capo del narcotráfico que pidió, que ordenó que ningún autobús saliera de la ciudad. Y el ejército actúo a partir de la orden de un narco, no de una autoridad. No es una orden del Estado. Es una orden de un capo, pero si de paso estoy en concordancia con una tesis de seguridad nacional, es probable que nadie salga condenado. Al contrario podrían resultar ser ascendidos. Tal como sucedió con el coronel Rodríguez Pérez, que ahora es General Brigadier y tiene una oficina en la Secretaría de la Defensa Nacional. Este clima de linchamiento y de odio en contra de los estudiantes es la matriz, lo que generó esta infamia del 26 de septiembre.

JMH: Tu libro nos habla de que desde antes del 26 de septiembre había un clima de linchamiento mediático y social en contra de los estudiantes, un clima de vigilancia en corto a los estudiantes, sabían que iban por camiones.

AH: La PGR, la Fiscalía de Guerrero, omitieron hacer la investigación de los días previos. Yo hice esta investigación cuando descubro que los dos camiones Estrella de Oro eran claves. Que los muchachos salieran de la normal con estos camiones significaba que ellos ya los tenían. Mi investigación busca responder a la pregunta de cómo los estudiantes se hicieron de ellos. Encontré a uno de los estudiantes que estuvo en las salidas previas y me narró lo que sucedió el 22 de septiembre cuando fueron a Chilpancingo a tomar camiones y fueron reprimidos y perseguidos por la Policía Federal. Entendiendo eso puedes hacer la conexión y comprender lo que pasa el 26 de septiembre siguiente en Iguala.

JMH: La Policía Federal sabía que los chicos necesitaban los camiones. Lo supo todo el tiempo.

AH: La Policía Federal siempre bajo la coordinación del C-4, tanto ellos como la Policía estatal están bajo la coordinación del Centro de Comando, tanto en Chilpancingo como en iguala.

JMH: ¿El C-4 de Iguala estaba bajo el control del ejército?

AH: Absolutamente, todo el control del Centro de Comando de la ciudad estaba bajo el resguardo de los militares, tanto las cámaras como las comunicaciones de esa noche estuvo controlado por soldados del Batallón 27. Había dos cámaras de seguridad en dos puntos claves de la ciudad y ninguna de esas grabaciones existe. La única está manipulada por el ejército y esta manipulación, tanto de la bitácora como de la grabación, están contempladas en el informe de la Visitaduría General de la PGR. Hay una visión de la propia PGR.

JMH: La Visitaduría General de la PGR preparó dos informes sobre el caso de Iguala. Quiero pedirte que nos cuentes más de este informe.

AH: La Visitaduría General de la PGR hizo dos informes; uno sobre la actuación de Tomás Zerón, que es una averiguación interna sobre su actuación y la de los ministerios públicos en los ríos San Juan y Cocula, y una averiguación más amplia sobre la investigación de la noche de Iguala. Son dos documentos distintos. La PGR no quiso contestar a las investigaciones que he realizado. La PGR esperaba que esos documentos nunca se hicieran públicos y que eso les permitiera seguir con su versión de los hechos y punto. Estos documentos habían sido ocultados porque son un quiebre de la historia que la PGR ha intentado construir. Entonces cuando se hacen públicos, la PGR se mete en embrollos para negar la propia existencia de los informes, pero avala sus resultados.

JMH: Hay otra parte del libro que quería tocar. Es la presencia de sujetos, de personajes que están presentes en los servicios de seguridad del país, como Tomás Zerón, Alfredo Castillo, Humberto Castillejos, que ya has mencionado en tu libro Los señores del narco. Su presencia es recurrente en los peores escenarios del país.

AH: Es muy grave lo que está pasando en México. Tenemos en el país cuerpos de seguridad pública que están penetrados por una vieja mafia. Es otra de las aristas del libro. Porque esta mafia está completamente corrompida, no tiene ningún espíritu de servicio, tiene viejos vínculos con el crimen organizado. Este grupo estuvo encabezado en el sexenio de Calderón por Genaro García Luna, por Luis Cárdenas Palomino, por Edgar Millán, un grupo que he venido investigando desde hace un tiempo. Algo que dejé de hacer cuando se da el cambio de investigación. No soy una obsesiva, pero cuando me meto en esta nueva investigación aparece nuevamente esta misma gente. Esto nos habla de que no importa el sexenio, si gobierna Calderón o Fox o Peña Nieto, estas mafias están enquistadas en el sistema y lo están saboteando desde dentro. El señor Humberto Castillejos no debió ser el Consejero Jurídico de la Presidencia pues hasta hace muy poco tiempo el gobierno del Estado de México lo acusaba del asesinato de Enrique Salinas de Gortari. No es cosa menor, son un grupo recurrente, compacto, que se encubren a sí mismos. Se protegen unos a otros, sexenio tras sexenio, y cada vez obtienen más poder. Hoy ya no solo es un secretario de Seguridad Pública, hoy ya son el Consejero Jurídico de la Presidencia, el hombre más cercano al Presidente. Fue el hombre que decidió encubrir este caso de Iguala pero además logró imponer a su primo, Alfredo Castillo, como embajador plenipotenciario en Michoacán para acabar con las autodefensas, y logró imponer a su otro primo, Raúl Cervantes, como Procurador General de la República. En estos momentos, Humberto Castillejos se pretende imponer como el dueño de la justicia de este país. Eso no es posible.

*Javier Moro Hernández. Es poeta, periodista y promotor cultural. Autor del poemario Mareas (Abismos, 2013) y de las plaquettes Los Hipopótamos de Pablo Escobar (Deléatur Estudio, 2016) y Los salvajes de ciudad Aka (Deléatur Estudio-Dos10, 2012). Colaborador de La Jornada de Aguascalientes y de revistas digitales como Suplemento de Libros, Noiselab, entre otros.

Arte en fotografías: Yesenia Torres (Ciudad de México, 1992). Egresada de la UNAM. Es periodista, el cine y la fotografía más que sus pasiones son su manera de entender el mundo.