Entrevista

 

La guerra oculta en Guerrero: mineras y Ayotzinapa

2017-02-11 09:17:23

Entrevista a Francisco Cruz Jiménez

El periodista detalla algunos datos que contiene el libro La guerra que nos ocultan, investigación sobre diversas operaciones delictivas en el estado de Guerrero. Ayotzinapa devela la "guerra civil" que se vive en México, afirma uno de los tres autores de este reporte editado por Temas de Hoy/Planeta

 

 

Por Javier Moro Hernández*

 

El periodista mexicano Francisco Cruz Jiménez no tiene dudas a la hora de afirmar que lo que se está viviendo en México es una “guerra civil abierta en contra de la población y de los movimientos sociales de protesta”. Una guerra civil que favorece a los grandes capitales que se están adueñando de los recursos naturales del país, una guerra civil en donde las fuerzas armadas y los cuerpos policiales actúan en contra de estudiantes, profesores, activistas o defensores de Derechos Humanos, tal como vimos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en donde fuimos testigos de una acción perfectamente coordinada por las fuerzas estatales en contra de los estudiantes de la Normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, que se habían apoderado de cinco autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre, con un saldo que todo el mundo conoce: 43 estudiantes desparecidos y seis personas fallecidas, entre ellas, Julio César Mondragón.

La muerte de Mondragón, torturado y desollado vivo, es para los autores de la investigación, reunida en el libro La Guerra que nos ocultan, un mensaje de terror, aspecto que pudieron corroborar en el último informe que la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) presentó después de la segunda necropsia a Julio César, en la que se afirma que a Julio lo mataron porque grabó con su celular los ataques a los normalistas.

La cuestión es que el celular está desaparecido desde ese día entonces. Y más: ¿cómo sabe la CNDH que Julio César grabó el ataque? Ésta es la primera vez que alguien menciona el celular de Julio César de manera oficial, lo cual nos dice que la CNDH tuvo acceso a ese aparato que alguien robó a Mondragón el día que lo torturaron, desollaron y mataron. “Lo que nosotros hicimos, junto a Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado -asegura en entrevista Francisco Cruz, autor de otros libros como El cártel de Juárez y Tierra narca- es documentar justo eso, que sí existe ese celular y que estuvo activo varios meses después de la muerte de Julio, y esos datos nos lleva al CISEN y al Campo Militar No. 1 en Lomas de Sotelo, y lo hicimos, con documentos oficiales que se encuentran presentes en el expediente del caso de Ayotzinapa, que están escondidos pero integrados en los expedientes, por ejemplo, las sábanas de las llamadas están ahí, el GIEI las tenía pero incompletas”.

La Guerra que nos ocultan (Temas de Hoy/Planeta, 2016) de los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Alvarado, permite conocer los engranes de una maquinaria de represión social perfectamente aceitada en la que autoridades de distintos niveles del gobierno mexicano, asociadas con empresas mineras, con terratenientes, con caciques políticos de distinto pelambre y con distintos grupos de narcotraficantes, actúan en contra de cualquier grupo social opositor en contra de las empresas mineras o de los llamados megaproyectos que se están desarrollando en el sur del país. El estado de Guerrero se ha convertido en el epicentro de esta guerra oculta por los enormes yacimientos de oro que se extienden desde la comunidad de Mezcala, que se encuentra cerca de la ciudad de Iguala, hasta Tlataya, en el Estado de México.

La guerra que nos ocultan es un libro que explica los aspectos de lo que pasó en Ayotzinapa. Si nos quedamos con lo que nos dice el gobierno o la PGR o la misma CNDH perdemos de vista que hay una guerra de exterminio en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, para apoderarse de los grandes yacimientos de oro, uranio y titanio, ante lo que instituciones como la Normal Rural de Ayotzinapa se convierten en un problema grave para las autoridades, dado que la Normal se ha convertido en un centro de reunión de movimientos sociales, de movimientos anti mineros, de campesinos, de transportistas. “Ayotzinapa es una escuela en donde se defienden los derechos sociales, lo cual es una amenaza para el gobierno y para los empresarios”, nos comenta Francisco Cruz Jiménez en entrevista para revista Desocupado, quien se ha formado en varios de los medios del Estado de México; fue corresponsal en Colombia y Estados Unidos, y también es autor de los libros de investigación Los hijos del imperio, Los juniors del poder o Los amos de la mafia sindical.

 

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Javier Moro Hernández (JMH): El GIEI mencionó que la PGR no había investigado la geo-referenciación de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, como en el caso de Julio César Mondragón, ¿esto es así?

Francisco Cruz Jiménez (FCJ): No sabemos si la PGR ha investigado o no esos teléfonos celulares, pero lo que tenemos es la sábana de un celular que fue robado en un crimen de Estado, un teléfono que debería ser el más buscado de este país. Nosotros en La guerra que nos ocultan estamos documentando actividad hasta seis meses después del asesinato de Julio César Mondragón. Quiere decir que la PGR debía conocer que ese celular seguía activo, que nos engañó o hay una conspiración para esconderlo y desaparecer ese celular.

JMH: El libro retrata varias líneas del tiempo, una de ellas es la lucha social que en Guerrero viene de hace mucho, y la política de represión del Estado mexicano, que se enlaza con otra línea de control de los recursos del Estado: la minería y los megaproyectos que tienen un punto de convergencia en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

FCJ: Ayotzinapa se había convertido en centro de reunión y de discusión de los movimientos sociales, de los grupos opositores a la minería. Hay un proyecto de las grandes trasnacionales por el control de la tierra. Un ejemplo es Tixtla, comunidad en donde se encuentra la Normal y donde se ha descubierto uno de los más grandes yacimientos de oro del estado. Los estudiantes y los movimientos sociales estorban al desarrollo de la minería. Guerrero tiene lo que se ha llamado el “cinturón del oro”, que es una zona que se extiende desde el norte de Guerrero, Iguala, Tixtla, hacia la Tierra Caliente del Estado de México, Tlataya. No es coincidencia que en estos lugares se hayan producido dos de los crímenes de Estado más feroces de los últimos años. Es una guerra de exterminio porque eso sirve a los intereses de grupos muy poderosos. No se puede desvincular la desaparición de los 43 estudiantes del control de los recursos naturales, y no podemos olvidar que los luchadores de los grupos anti mineros están muertos, algo que no se lo atribuimos a las compañías mineras, se lo atribuimos al narco, porque en este país todo se lo atribuimos al narco y así decimos que no pasa nada.

JMH: En tu libro documentas que lo acontecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala fue parte de una estrategia anti subversiva que incluyó a las tropas del ejército mexicano, a los sicarios del narcotráfico, a las policías municipales, en una maniobra de pinza para envolver a los estudiantes e impedir su salida de Iguala.

 

 

FCJ: En el capítulo “Estado de sitio” aparece el nombre del operativo, tal como lo define el Gral. Gallardo, que como bien sabes no es de la simpatía del Ejército; pero además, revisamos manuales de inteligencia militar, algo a lo que es muy complicado acceder si eres civil, y afirmamos que si los militares hubieran seguido sus manuales de disturbios civiles jamás hubiera pasado lo que sucedió en Iguala esa noche. Documentamos que militares controlaban el Centro de Mando, el C4 en Iguala esa noche, y que Julio César Mondragón fue torturado y asesinado a menos de cien metros en línea recta de ese lugar en donde solo se encontraban militares. El C4 estuvo controlado por militares y el cuerpo es encontrado a las seis de la mañana por militares, eso simple y llanamente se llama política de terror, pero luego también encontramos que la minería trabaja de la mano del crimen organizado. La minería es un negocio legal y representa menos riesgos. Vemos el caso del “Señor Pez” o el “Fish”, líder de la Familia Michoacana en la zona de Tierra Caliente entre Guerrero, Michoacán y el Estado de México, y que este capo del narcotráfico ha sido señalado de ser dueño de camiones de volteo que contratan las empresas mineras de la zona. La minería es un negocio protegido por los militares y por los narcos, ellos controlan los negocios alternos a la minería, legales o ilegales, pero además hay un proceso de militarización de la seguridad pública.

JMH: Tu libro también documenta que somos ya el segundo ejército más poderoso de América Latina, después de Colombia, cuyo ejército fue armado por Estados Unidos para luchar contras las guerrillas, pero nosotros somos un país que no tiene un problema de guerra civil o de levantamiento armado.

FCJ: Solo en apariencia, porque la realidad es que sí tenemos una guerra civil, una guerra de exterminio y el ejército mexicano ha gastado ya 3 mil 500 millones de dólares para mejorar su armamento en los últimos años, armamento que proviene casi todo de empresas norteamericanas. Así, ya somos el segundo ejército mejor armado de América Latina, por eso hablamos de guerra.

JMH: Otra parte del entramado de control político-social en estados como Guerrero y Oaxaca son los caciques, las familias que se reparten el cacicazgo político en esos estados.

FCJ: Los Figueroa son un buen ejemplo, no debemos olvidar que Ángel Aguirre, el ex gobernador de Guerrero, creció a la sombra de esta familia política y él mismo se define como un cacique. Los caciques políticos son un problema en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Ellos son el primer poder en esas regiones. Apoyados por el gobierno federal y los asesinatos masivos de estudiantes y de luchadores sociales que se han realizado en Guerrero son una forma permanente para amedrentar a los opositores. Estos son hechos que podemos encontrar desde los años sesenta, cuando Lucio Cabañas después de un ataque artero del ejército en Atoyac en 1967 creó la guerrilla del Partido de los Pobres. La matanza de Aguas Blancas contra miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en 1995 es otro ejemplo. Asimismo, la guerra sucia en los años setenta. En Guerrero se ha dado una persecución sistemática en contra de líderes sociales, estudiantes, una campaña sistemática, y no podemos olvidar que ahora tenemos más personas asesinadas en crímenes violentos por el crimen organizado y que tenemos un sistema de justicia viciado que manipula las evidencias y las pruebas, como hemos visto en el caso de Ayotzinapa. Pero yo me atrevería a decir que ya no podemos llamarlos “vicios” del sistema judicial, porque es un sistema creado para que la justicia llegue solo a los amigos del poder, de los dueños del capital, y tenemos un ejército protegiendo a una élite política corrupta y cínica.

JMH: El secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos, impidió que los expertos del GIEI pudieran entrevistarse con los soldados del Batallón No. 27 que se encontraban en Iguala esa noche, dando la impresión de que el ejército está fuera del sistema de justicia nacional, ¿qué opinión tiene de esto?

FCJ: Cada que pasa algo, Peña Nieto sale acompañado por los secretarios de la Marina y del Ejército, ese es un mensaje muy claro de quién apoya realmente a Peña, quién está detrás de él. Además, el pasado 21 de abril se concluyó un proceso de militarización cuando la Cámara de Diputados aprobó las reformas al código militar que crea jueces de causa común que impiden que los militares sean juzgados por la justicia civil. Esto se suma a los poderes que se le dan al presidente para declarar Estado de Sitio y suspender el orden legal cuando quiera. Ya tienen el marco legal para hacerlo y cuando se apruebe el Mando Único Policial a nivel federal van a desaparecer los poderes en los municipios. Ahí se cierra el círculo del poder. Por eso nos atrevemos a hablar de una guerra civil abierta en contra de la población civil en la que los únicos que se pueden proteger son los políticos y los empresarios que tienen impunidad absoluta y los ciudadanos quedamos sin remedio en medio de dos frentes.

 

*Javier Moro Hernández. Es poeta, periodista y promotor cultural. Autor del poemario Mareas (Abismos, 2013) y de las plaquettes Los Hipopótamos de Pablo Escobar (Deléatur Estudio, 2016) y Los salvajes de ciudad Aka (Deléatur Estudio-Dos10, 2012). Colaborador de La Jornada de Aguascalientes y de revistas digitales como Suplemento de Libros, Noiselab, entre otros.

 

 

Revista Desocupado