Crítica

Por Leonardo Iván Martínez*

La premio nobel Svetlana Alexievich narra en El fin del “homo sovieticus” el modo en que antiguos prisioneros durante las purgas del estalinismo tuvieron el derecho, décadas después, a solicitar sus propios archivos judiciales y saber secretos sobre su propio pasado. Muchas de estas víctimas titubearon en ejercer este derecho, pero hubo otros que con el suficiente valor se quitaron la venda que el Estado les había impuesto. Conocer nuestro pasado no sólo es un derecho, constituye en sí mismo un acto de justicia. Así de grande es la importancia de los archivos históricos, porque cimbra nuestras conciencias y permite señalar y conocer a los responsables de cualquier delito de Estado cometido en el pasado.

Actualmente se encuentra en la mesa de la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Senado una iniciativa de ley que pretende modificar los procedimientos actuales en materia de derecho a la información y consulta de documentos históricos.

Con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos se abrió un proceso que con ingenuidad inicial se llamó “transición a la democracia”; el tiempo desmintió y aclaró que el triunfo del primer presidente emanado de las filas del PAN fue una alternancia al poder de los partidos, pero no un gobierno idealmente democrático. Esa buena voluntad inicial de los primeros años del sexenio foxista permitió la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes IFAI) y sobre todo, la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; los archivos policiales de los años sesenta y setenta (periodo histórico conocido como Guerra Sucia, marcados por las tétricas figuras de Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios) fueron entregados al Archivo General de la Nación para su irrestricta consulta pública. Esto daba esperanzas para que los torturadores de opositores políticos y múltiples casos de desapariciones forzadas de ayer y hoy fueran enjuiciados.

Para el año 2012 se había escrito una importante cantidad de libros que trataban sobre esos temas y su materia prima esencial fue, precisamente, todo ese acervo documental que continúa bajo resguardo del AGN. En enero de 2012, durante el mandato de Felipe Calderón se decretó la Ley Federal de Archivos, una ley que regulaba el acceso, la validación, clasificación y consulta de estos documentos públicos de carácter histórico. En esta ley se incluyó, en medio de una serie de definiciones técnicas, el siniestro concepto de archivo “histórico confidencial”, una categoría de archivos que, a pesar de ser históricos, deben ser “protegidos” por contener datos sensibles. Esta categoría es una contradicción, ya que todo archivo que se considere histórico debe ser de acceso público. Esto ha permitido a los encargados de los archivos entregados por Vicente Fox al AGN testar, entiéndase “tachar”, datos de muchos documentos oficiales. Esa es la nueva modalidad de encubrimiento histórico. Curiosamente el concepto de “histórico confidencial” ha sido eliminado de la iniciativa de Ley presentada el 12 de noviembre pasado al pleno del Senado. La eliminación de esta categoría se ha convertido en moneda de cambio de los senadores para vender su propuesta como vanguardista. Si bien esa nueva iniciativa resuelve ese reclamo de la comunidad de investigadores, introduce otros elementos que no la hacen menos siniestra que la vigente (LFA) promulgada en el gobierno de Felipe Calderón en 2012.

A groso modo la iniciativa de la Ley General de Archivos busca ampliar el número de instituciones que deben sujetarse a ésta, ahora a los niveles estatales y municipales de gobierno. Sin embargo, hay un conjunto de puntos que la retórica de los apologistas de esta iniciativa ha hecho pasar como “inconsistencias”.

La iniciativa fue presentada por legisladores de diferentes partidos: Zoé Robledo del PRD, Laura Rojas y Héctor Larios del PAN y Cristina Díaz del PRI. Cuando se prometió la elaboración de la Ley General de Archivos, hacia 2014, se abrió un escenario para que nuestro país se reconciliara con su pasado y su presente. Las audiencias públicas que se convocaron en el Senado de la República parecían abrir un diálogo para que las preocupaciones de la comunidad intelectual, periodística y en general cualquier interesado, quedaran impresas en el prometido proyecto de Ley. Sin embargo, no fue así; se maquiló una ley que está diseñada para atar las manos al escrutinio del ciudadano y académico de la administración pública dentro de dos o tres décadas, cuando su desempeño sea materia de estudio histórico.

¿Cuáles son las “inconsistencias”?

En su libro Contra la censura, el escritor sudafricano J.M. Coetzee hace dos clasificaciones: la censura punitiva y la preventiva. La punitiva consiste, como sabemos, en perseguir y sacar de circulación los contenidos incómodos al poder: Vladimir Nabokov, Heberto Padilla, la cacería de brujas en Hollywood, sobran los ejemplos. Los preventivos, en cambio, se tejen con un arma mucho más discreta, un arma que pasa por la aparentemente bondadosa, protectora y generosa tutela del Estado. En este contexto, ello se traduce en la supuesta imposibilidad de que los historiadores se hagan cargo de su materia de trabajo, en el excesivo paternalismo que ha caracterizado al sistema presidencial en México, pero que en realidad oculta una de las formas más perversas del autoritarismo.

Una vez hecho este apunte teórico, vale la pena que cualquier interesado lea detenidamente y coteje la ley vigente (Ley Federal de Archivos) y su reglamento con esta nueva iniciativa de Ley. La LFA incorpora el criterio de temporalidad en la reserva de los documentos públicos. Se definen 30 años para que estos archivos puedan ser clasificados como históricos o su baja documental, es decir su destrucción.

El primer elemento que generó la alarma de la comunidad de investigadores es el artículo 48 de la iniciativa en donde define como opcional o “de ser posible” la inclusión de un especialista en los estudios históricos para conformar las comisiones de clasificación de documentos. Burocráticamente los perfiles que se incluyen de forma obligada son los jurídicos y los órganos internos de control, entro otros. Aquí la primera pregunta, ¿aceptaría un médico que su participación fuera opcional en la planificación de las políticas de salud pública.

Otro punto que llama la atención es la conformación de los organismos colegiados para el manejo de los archivos. Se crea un Consejo Nacional de Archivos que, curiosamente, estaría presidido por el Secretario de Gobernación y el director del Archivo General de la Nación, ambos puestos designados de manera directa por el presidente de la república. Este punto obviamente es uno de los más polémicos pues significaría reiterar la autoridad del ejecutivo federal en una materia en donde desde hace más de una década se ha buscado la ciudadanización y la accesibilidad para la rendición de cuentas. Este consejo sería el encargado de definir los lineamientos de clasificación de los archivos, además de eliminarse los criterios de temporalidad para que un archivo se sujete a evaluación para convertirse en histórico.

Un contenido también alarmante es el del artículo transitorio 14 pues en éste vislumbra una depuración de archivos sin criterios claros que afectarían directamente los que ya se encuentran disponibles para consulta pública. En líneas generales este artículo propone un periodo transitorio de dos años a partir de la aprobación de la iniciativa para que los documentos históricos públicos que ya se encuentran en las galerías del AGN y otros archivos de la administración pública sean revalorados como históricos, entre ellos los de la extinta Dirección Federal de Seguridad, oscura dependencia que despareció a los miembros de los movimientos de oposición armados en los años setenta y ochenta, que fueron entregados por el presidente Vicente Fox al AGN.

Esto significaría la desaparición de una gran cantidad de documentos que nos demostrarían quiénes fueron los responsables de esas operaciones represivas, incontables desapariciones y violaciones a los derechos humanos de manera sistemática por el Estado mexicano; es la institucionalización de esa práctica en donde vale más la razón de un secretario de Estado y la participación de un historiador sea opcional. No podemos tomar estas “inconsistencias” como tales; se trata de una iniciativa con puntos abiertamente contrarios al principio de ciudadanización de nuestra memoria. La tutela del secretario de Gobernación en el manejo de los archivos públicos abre la puerta para que estos documentos, testigos incorruptibles de nuestra historia sean manejados, mutilados o desaparecidos por intereses de los grupos políticos en el poder.

Los billetes sucios siempre dejan rastro

El detective Lester Freamon logró dar con el líder de una de las bandas de narcotraficantes en Baltimore. ¿La principal pista? Archivos bancarios y fiscales de las empresas fantasmas de las organizaciones delictivas. El detective Freamon es un personaje ficticio de la serie televisiva The Wire, es un policía con una placa que le acredita como tal y sobre todo es un veterano con un amplio directorio de contactos e informantes en múltiples esferas de la administración municipal, estatal y federal; le abren las puertas para hacer sus pesquisas policiales. Pero, ¿qué pasa si nosotros no somos el detective Freamon, no tenemos amigos y contactos en algún archivo público, estamos del otro lado del escritorio y nuestro principal interés es el escrutinio público del gobierno?

La “Casa Blanca”, las decisiones detrás del “gasolinazo”, la deuda millonaria del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, el “Sorianagate”, Ayotzinapa, Tatlaya y muchos atroces episodios de este y otros sexenios que quizá desconocemos nos obligan a poner atención y vigilar el actuar de nuestros gobernantes y representantes. Entonces, ¿por qué se anuncia con ocarinas y matracas la creación de una Ley Nacional Anticorrupción y al mismo tiempo este grupo de senadores se empeña en mantener ocultos los documentos que acreditarían o desacreditarían el buen ejercicio de la administración pública?

Es característica de un estado autoritario paternalista creer incapaces a los ciudadanos para autogobernarse. El 17 de noviembre de 2016 la senadora Laura Rojas habló ante el pleno de las bondades de esta iniciativa de ley, pero hizo énfasis en la necesidad de que el Archivo General de la Nación se mantenga por un tiempo razonable como una institución sectorizada (entiéndase, dependiente) de la Secretaría de Gobernación. Hasta este momento los senadores que presentaron la iniciativa, encabezados en un primer momento por Alejandro Encinas, se han mantenido abiertos al diálogo, pero se sabe que muchas de las aparentes “inconsistencias” tienen su origen en recomendaciones que directamente hizo Segob a los legisladores. Los senadores han defendido que esta iniciativa es resultado de un consenso. ¿Consenso entre quienes? ¿Entre ellos y la Subsecretaría de Enlace Legislativo de Segob? ¿Será que volvemos a los tiempos en que desde el Palacio de Cobián se dictan las directrices que deben seguir los legisladores o será que la regresión no es tal y esa oscura época de nuestra historia nacional no ha terminado? Y qué si el AGN, en vez de estar sujeto a Segob dependiera del INAI, como ha propuesto su ex directora Aurora Gómez Galvarriato, una de las principales opositoras de esta iniciativa? La aprobación de esta iniciativa de ley sin tomar en cuenta los alarmantes llamados de las comunidades de historiadores y organizaciones pro transparencia significaría desaparecer a los testigos más fieles de nuestra historia, colocar en el paredón de fusilamiento o dar un levantón a nuestro patrimonio histórico documental.

*Leonardo Iván Martínez (Ciudad de México, 1982). Es poeta y editor. Egresado de la carrera en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Cofundador de la editorial Tripulantes. Sus textos han aparecido en publicaciones como Tierra Adentro, Casa del Tiempo, Confabulario y Punto de Partida.